Participación Ciudadana continúa dando seguimiento a los grandes casos de corrupción administrativa que se encuentran en sede judicial o del Ministerio Público, con la finalidad de dejar en récord la forma en que los mismos fueron manejados por jueces, fiscales, defensa pública o privada.
En esta ocasión recogemos las incidencias ocurridas en el período marzo – mayo 2025 y a partir de este informe hemos descartado denominar los casos con los sobrenombres que utilizó originalmente el Ministerio Público, utilizando en este quinto informe y en los siguientes, el sistema tradicional de nombrar los casos bajo los nombres de los principales imputados y a los demás, designarlos bajo la denominación genérica de “y compartes”, acogiendo así la decisión del Tribunal Constitucional TC/0225/25 que prohíbe de manera general utilizar sobrenombres o motes.
La evaluación de estos 60 días de observación nos permite aseverar que los casos continúan siendo conocidos con lentitud, con incidentes que obligan a los jueces a posponer las audiencias, creando una congestión de casos que impiden una mayor celeridad.
La lentitud ha sido reconocida por el propio sistema judicial, que tomó la decisión de excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar congestionar aún más estos tribunales.
Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien los preside y por Tania Yunes y Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Adán Cáceres y compartes, además de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental.
Por su lado, el segundo tribunal colegiado está integrado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros, y este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y compartes, Jean Alain Rodríguez y compartes, además de muchos otros casos, entre ellos el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.
En el comunicado el Poder Judicial informó que se tomó esta decisión "a fin de avanzar en la resolución" de esos procesos y de otros de los que se encuentran apoderados” y agrega que "La decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana".
El octubre de 2023 Participación Ciudadana solicitó medidas como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, exponiéndole lo siguiente:
“Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes».
De todas formas, aunque se ha dilatado la medida, es positivo que el Poder Judicial comience a tomar medidas que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad.
En lo adelante resumimos como han avanzado estos casos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo de 2025.